Santo Domingo Este, R.D. — Connor Leith Weiser, un ciudadano estadounidense de 40 años, denunció ante el medio De Último Minuto que fue víctima de una brutal agresión física y de extorsión mientras permanecía detenido en una celda de la Fiscalía de Violencia de Género en Santo Domingo Este.
Según su testimonio, los hechos ocurrieron en presencia de la fiscal María Sánchez. Weiser afirmó que fue golpeado por cinco privados de libertad que compartían la celda con él, quienes posteriormente le exigieron dinero como parte de lo que se conoce popularmente como “la limpieza”, una práctica comúnmente denunciada en los centros de detención preventiva de la República Dominicana, donde los internos recién llegados deben pagar una suma impuesta por los denominados "brobos" o "jefes" de las celdas.
El ciudadano norteamericano fue arrestado tras una discusión con su esposa, quien, según relató, llamó a la Policía Nacional “para darle un susto”, pero las autoridades procedieron con su detención. Weiser aseguró que su arresto se produjo sin que mediara una orden judicial y que no se le respetaron las garantías básicas durante su reclusión.
“Me golpearon entre cinco y luego me dijeron que tenía que pagar para no volver a pasar por lo mismo. Todo esto ocurrió frente a una fiscal que no intervino”, expresó Weiser visiblemente afectado.
Este caso pone nuevamente en el ojo público las condiciones de detención en las fiscalías y cárceles preventivas del país, así como las recurrentes denuncias sobre cobros ilegales, abusos físicos y falta de supervisión de parte de las autoridades judiciales.
Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido una declaración oficial sobre los señalamientos contra la fiscal Sánchez ni sobre las condiciones en las que se encontraba Weiser durante su reclusión. Diversos sectores sociales y defensores de derechos humanos han solicitado una investigación inmediata sobre el incidente.
Este nuevo testimonio reaviva el debate sobre la urgente necesidad de reformar el sistema de detención preventiva en la República Dominicana, donde las denuncias por abusos y cobros ilegales se acumulan sin que se evidencie una respuesta contundente de parte del Estado.
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