Gaspar Hernández, — Una detención sorpresiva ha sacudido la tranquilidad del municipio de Gaspar Hernández, República Dominicana, luego de que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) arrestaran este viernes a un hombre conocido como “Chío”, ampliamente reconocido en la comunidad por vender pastelitos en las calles del pueblo.
La aprehensión de este vendedor ambulante ha despertado una ola de inquietud y molestia entre vecinos y clientes, quienes lo describen como “un hombre decente, trabajador y sin conflictos”. La DNCD, hasta el momento, no ha ofrecido ninguna explicación oficial sobre las razones del arresto, lo que ha dejado espacio para especulaciones, indignación en redes sociales y dudas sobre la transparencia del procedimiento.
¿Cuál es la misión de la fuerza pública?
El caso ha reavivado un debate recurrente en la República Dominicana:
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¿Por qué las autoridades detienen a ciudadanos debidamente identificados sin ofrecer información clara ni pruebas?
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¿Hasta qué punto la DNCD está cumpliendo su rol con profesionalismo, o se está utilizando su poder para realizar intervenciones arbitrarias?
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¿Quién responde cuando un hombre humilde es estigmatizado sin fundamentos?
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¿Dónde está el principio de presunción de inocencia?
La comunidad de Gaspar Hernández exige respuestas y una explicación pública. Para muchos, esta acción pone en entredicho el criterio de selección de operativos, y plantea otra gran pregunta: ¿No debería la DNCD estar ocupada persiguiendo estructuras reales del narcotráfico, en lugar de intimidar a trabajadores informales que luchan por ganarse la vida dignamente?
La fuerza, ¿para proteger o para sembrar miedo?
Mientras se espera un comunicado oficial, la indignación sigue creciendo. La ciudadanía dominicana ha comenzado a cuestionarse el papel de las instituciones de seguridad:
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¿Por qué no se aplica un filtro más riguroso antes de ejecutar arrestos?
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¿Cómo podemos confiar en nuestras autoridades si no diferencian al hombre de bien del delincuente real?
Este caso podría parecer menor en el panorama nacional, pero pone sobre la mesa un problema mayor: el riesgo de criminalizar la pobreza y el trabajo informal sin fundamento alguno. La sociedad dominicana no puede darse el lujo de quedarse callada ante acciones que comprometen los derechos básicos de sus ciudadanos.
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