Washington D.C., 1 de junio de 2025 — En una decisión que marca un antes y un después en la política migratoria de Estados Unidos, el Tribunal Supremo aceptó este viernes la petición del Gobierno de Donald Trump de poner fin al estatus de protección temporal concedido por la Administración Biden a más de 532,000 migrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Con una mayoría conservadora de 6 a 3, el Supremo respaldó la posición de la Casa Blanca, argumentando que la política del parole humanitario implementada por Biden “excedía los límites constitucionales del Poder Ejecutivo en materia migratoria”. En palabras del juez Brett Kavanaugh, quien redactó la opinión mayoritaria:
“El Congreso, no el Presidente, es quien debe legislar mecanismos de entrada masiva. El uso del parole como vía migratoria no puede ser permanente ni indiscriminado”.
Un giro abrupto en la vida de más de medio millón de personas
Esta resolución judicial habilita al Departamento de Seguridad Nacional a revocar los permisos de trabajo y residencia temporal a cientos de miles de migrantes que habían sido acogidos en Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario instaurado desde 2023. Muchos de ellos ya están asentados, con empleo, hijos en escuelas y vidas profundamente integradas en sus comunidades.
“Nos han dado esperanza, trabajo, y ahora nos lo quitan como si no fuéramos humanos”, dijo Carolina, una migrante venezolana que llegó a Florida con sus dos hijos menores de edad.
Disenso progresista
La decisión no fue unánime. En una enérgica disidencia, la jueza Sonia Sotomayor advirtió sobre el daño social y humanitario de la medida:
“Estamos desmantelando una política que salvó vidas y ofreció refugio a quienes huían del hambre, la violencia y la represión. Esta decisión tendrá consecuencias devastadoras e inmediatas”.
Sotomayor también criticó lo que llamó “un uso político del aparato judicial para imponer una visión xenófoba del derecho migratorio”.
Implicaciones laborales y económicas
Más allá del drama humano, la revocación del parole plantea un enorme reto para los sectores económicos que se habían beneficiado de esta nueva mano de obra. Según cifras del Departamento de Trabajo, más de 200,000 de estos migrantes están empleados en construcción, servicios esenciales, agricultura y cuidados domiciliarios.
“Esta decisión será una pesadilla para empleadores en Texas, Florida y California”, afirmó la analista económica Rachel Munroe al Wall Street Journal. “Las deportaciones masivas podrían agudizar la escasez de mano de obra y frenar el crecimiento en sectores clave”.
Próximos pasos
Aunque la sentencia no implica deportaciones automáticas, sí permite que el Gobierno de Trump inicie procesos de notificación y revocación. Abogados migratorios recomiendan a los beneficiarios del parole buscar alternativas legales, como solicitudes de asilo pendientes, ajustes por reunificación familiar o amparos estatales.
La Casa Blanca, por su parte, celebró la decisión como una “victoria del orden legal y la soberanía nacional”. En un comunicado, el presidente Trump afirmó:
“Estados Unidos no puede ser el refugio sin control de quienes entran por la puerta trasera. Esta decisión restaura el imperio de la ley”.
La decisión del Supremo no solo impacta directamente a más de medio millón de personas, sino que también reconfigura la dirección del debate migratorio en EE.UU., al colocar un límite firme al alcance del poder presidencial en tiempos de crisis humanitaria.
Ahora, con el reloj corriendo y cientos de miles de vidas en el limbo, la pregunta no es si habrá consecuencias, sino cuán profundas serán.
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