La República Dominicana arrastra desde hace décadas un problema estructural que ha cobrado miles de vidas: la ausencia de un marco legal fuerte y actualizado para sancionar adecuadamente a quienes, por imprudencia al volante, provocan muertes, así como la falta de un régimen penal justo y proporcional para menores involucrados en delitos graves. Este vacío legal, cuya responsabilidad recae directamente en los legisladores del Congreso Nacional, se traduce en impunidad, dolor social y desconfianza en las instituciones.
Un marco jurídico desfasado
El Código del Menor dominicano —con enfoque más protector que sancionador— fue creado para garantizar derechos fundamentales de los niños y adolescentes. Sin embargo, no prevé penas compatibles con delitos modernos, donde menores participan en hechos de alto impacto social: carreras clandestinas, conducción temeraria, robos violentos, homicidios y participación en estructuras criminales.
Lo mismo ocurre con la Ley de Tránsito, que no establece consecuencias realmente ejemplares para quien, por irresponsabilidad, borra una vida humana. Conducir sin licencia, manejar bajo efectos de alcohol o drogas, desafiar las normas de velocidad o exhibirse levantando la motocicleta (“haciendo wheelie”) se ven, en la práctica, como faltas casi administrativas, aun cuando resulten fatales.
Impunidad que se traduce en dolor
Cuando un menor provoca la muerte de una persona con un arma de fuego o al volante de una motocicleta sin seguro, sin casco y sin papeles, la reacción del sistema es tímida: respaldo legal que prioriza la rehabilitación por encima de la protección de la sociedad y la justicia para las víctimas.
Para las familias que pierden un ser querido en un choque evitable, en una esquina donde se corrían “motores”, o por un conductor borracho, la impunidad es doble: pierden al ser amado y luego reciben una bofetada del sistema judicial.
No es solo un problema judicial. Es un problema legislativo. Las leyes no están diseñadas para responder a la realidad actual de criminalidad y riesgo vial.
- La responsabilidad del Congreso Nacional
- Durante más de dos décadas, distintos sectores sociales han reclamado reformas profundas:
- Actualización del Código del Menor
- Endurecimiento y modernización de la Ley de Tránsito
- Creación de sanciones especiales para muertes por imprudencia vehicular
- Protocolos claros para motociclistas y ciclomotores
- Penalización real a quienes permitan que menores conduzcan
Pero las discusiones legislativas han sido lentas, superficiales y sin resultados concretos. El Congreso ha pospuesto decisiones cruciales, mientras las cifras de muertes por accidentes de tránsito y delitos cometidos por menores siguen en aumento.
Cada día que pasa sin una ley actualizada, el Congreso es corresponsable de cada vida que se pierde por fallas legales.
¿Qué modificaciones se necesitan?
1️⃣ Reformar el régimen penal aplicable a menores
- Penas más altas para delitos graves, incluidos homicidios por conducción imprudente.
- Evaluación psicológica obligatoria y responsabilidad penal diferenciada por gravedad, no solo por edad.
- Centros especializados de corrección, no simples casas de acogida.
2️⃣ Endurecer las sanciones por muertes en accidentes
- Convertir la imprudencia fatal en un delito con penas severas: incluso cuando el conductor sea menor.
- Reclusión efectiva en casos de manejo bajo sustancias, carreras ilegales o violación de señales vitales.
- Eliminación de “arreglos económicos” como forma de evitar consecuencias judiciales.
3️⃣ Política estricta para motociclistas
- Registro obligatorio —vehículo y conductor— con identidad verificable.
- Cámaras y presunción de responsabilidad en maniobras peligrosas.
- Multas y sanciones penales a padres/tutores que permitan que un menor conduzca.
4️⃣ Justicia para las víctimas
- Reparación económica automatizada mediante seguros obligatorios.
- Fortalecimiento de la protección legal y acompañamiento psicológico para familiares.
- Adaptar la ley al presente es proteger el futuro
El país ha cambiado: la criminalidad juvenil y el caos vial requieren respuestas modernas. Jurídicamente, el mayor error del Estado es seguir tratando los problemas de hoy con leyes del ayer. Una nación que permite que acciones imprudentes y delictivas queden sin consecuencias está condenada a vivir en la inseguridad. Sin castigo adecuado, el peligro se convierte en normalidad… y la muerte en estadística.
El Congreso Nacional tiene una deuda moral y constitucional con la sociedad dominicana: legislar para defender la vida. No puede seguir ignorando que la flexibilidad penal frente a menores violentos y la permisividad ante la imprudencia vial están costando vidas todos los días. Reformar el Código del Menor y la Ley de Tránsito no es solo una necesidad jurídica; es una obligación ética con las familias, con las víctimas y con todo el pueblo que exige justicia.
Una sociedad sin justicia es una sociedad sin futuro.
Y cuando el Congreso no legisla para proteger la vida… se vuelve parte del problema.
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