Higüey, La Altagracia, República Dominicana.– El proceso judicial iniciado contra el creador de contenido automotriz Jefté Rafael Ventura Jiménez ha generado un nuevo debate público sobre los límites del uso de la prisión preventiva en casos vinculados a la libertad de expresión y la fiscalización ciudadana.
Ventura, responsable de la plataforma digital Hablando de Vehículos, enfrenta una solicitud de medida de coerción consistente en prisión preventiva, formulada por el Ministerio Público de la provincia La Altagracia, tras una querella por difamación e injuria presentada por la empresa Petromóvil S.A..
La audiencia para conocer dicha solicitud está pautada para este 25 de febrero de 2026 ante la Oficina Judicial de Atención Permanente de La Altagracia.
Defensa cuestiona el uso del poder punitivo del Estado
En un comunicado público, el abogado Yan Carlos Martínez Segura calificó la actuación del órgano acusador como una manifestación de uso desproporcionado del poder penal, advirtiendo que la prisión preventiva, en este contexto, se convierte en una “pena anticipada” incompatible con los principios básicos del debido proceso.
La defensa sostiene que el caso no reúne ninguno de los presupuestos legales exigidos por el Código Procesal Penal para privar de libertad a una persona durante la fase de investigación, señalando que su defendido posee arraigo, carece de antecedentes penales y ha mostrado plena disposición de colaborar con las autoridades.
Denuncias con base técnica
De acuerdo con los abogados, el origen del conflicto se encuentra en una serie de publicaciones realizadas por Ventura sobre presuntas deficiencias en la calidad y el octanaje de los combustibles comercializados en el país. Estas informaciones —afirman— se sustentan en documentación oficial obtenida tras una decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que obligó al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) a entregar estudios técnicos del sector.
Desde esta óptica, la defensa entiende que las publicaciones realizadas forman parte del ejercicio legítimo del derecho a informar y a fiscalizar asuntos de interés público, especialmente en un mercado regulado como el de los hidrocarburos.
Alegan patrón de presión e intimidación
El equipo legal también denunció que, tras la divulgación de estos contenidos, Ventura habría sido objeto de una serie de hechos que describen como intimidatorios, entre ellos amenazas, un supuesto rapto ocurrido en 2024 y la quema intencional de su vehículo, situaciones que —según indican— nunca fueron debidamente esclarecidas.
Comparación con otros casos
Otro de los puntos destacados por la defensa es la aparente desigualdad en la aplicación de las medidas de coerción, al señalar que en procesos recientes por difamación, incluso promovidos por altos funcionarios del Estado, los tribunales han optado por medidas menos severas, como garantías económicas o presentación periódica.
Solicitudes finales
Ante este escenario, los abogados de Ventura solicitaron al tribunal rechazar la imposición de prisión preventiva y optar por una solución ajustada a los principios de proporcionalidad. Asimismo, pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR) evaluar internamente la actuación del fiscal Víctor Román Camacho Padua, a fin de determinar si su proceder estuvo influido por factores ajenos al marco estrictamente legal.
Aplazan medida de coerción contra Jefte Ventura tras presentación de nuevas evidencias
El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia decidió aplazar la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción contra el ciudadano Jefte Rafael Ventura Jiménez, luego de que el Ministerio Público incorporara nuevas evidencias al proceso judicial.
Ventura Jiménez es investigado por la presunta comisión de los delitos de difamación e injuria agravada, por lo que el tribunal consideró necesario otorgar más tiempo para que las partes conozcan y analicen los nuevos elementos probatorios presentados antes de continuar con el conocimiento de la medida.
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