San Pedro de Macorís. — En pleno 2026, ciudadanos de San Pedro de Macorís continúan enfrentando una realidad que muchos califican como “inadmisible”: deben trasladarse hasta Santo Domingo para legalizar documentos notariales como actos de venta, poderes y declaraciones juradas, debido a la ausencia de una estafeta oficial en su provincia.
La situación responde a que la Procuraduría General de la República aún no ha instalado una oficina de legalización en esta demarcación, dejando a miles de ciudadanos sin acceso local a un servicio esencial para la validación jurídica de documentos.
Un trámite básico convertido en obstáculo
Lo que debería ser un proceso administrativo ordinario se ha transformado en una carga significativa para los residentes. Cada gestión implica gastos en transporte, pérdida de tiempo laboral y complicaciones adicionales, especialmente para personas de bajos recursos o adultos mayores.
“Es un abuso que uno tenga que ir a la capital solo para un sello”, expresó un ciudadano consultado en las afueras del Palacio de Justicia local. “Eso es algo que debería resolverse aquí mismo”.
Una demanda ignorada
El problema no es nuevo. En julio de 2025, se introdujeron iniciativas ante el Senado de la República Dominicana solicitando la instalación de una estafeta de legalización en San Pedro de Macorís, reconociendo el impacto negativo que esta carencia genera en la población.
Sin embargo, a la fecha, no se ha materializado ninguna solución concreta.
Centralismo y atraso administrativo
Especialistas coinciden en que este caso refleja un patrón más amplio de centralización excesiva en los servicios públicos dominicanos. Mientras otras provincias cuentan con acceso a este tipo de trámites, San Pedro de Macorís permanece rezagada.
La falta de descentralización y de alternativas digitales evidencia debilidades en la modernización del sistema administrativo, en un contexto donde la eficiencia y accesibilidad deberían ser prioridades.
Un reclamo que crece
La indignación ciudadana va en aumento, y el reclamo es claro: acceso equitativo a servicios básicos sin tener que abandonar la provincia.
Para muchos, la situación ya no es solo una incomodidad, sino un símbolo de abandono institucional que exige respuesta inmediata.
Hasta que no se habilite una estafeta de legalización en San Pedro de Macorís o se implemente un sistema digital funcional, miles de macorisanos seguirán pagando el costo de una ineficiencia que, a estas alturas, resulta difícil de justificar.
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