Crece la preocupación ante denuncias sobre presuntas condiciones inhumanas y violaciones a derechos fundamentales dentro del Ejército de la República Dominicana (ERD), específicamente en la zona de Pedernales, donde militares estarían siendo sometidos a extensas jornadas de servicio continuo, incluyendo hasta 15 días consecutivos de amanecida, sin descanso adecuado ni garantías mínimas de dignidad laboral y humana.
Uno de los casos que ha generado indignación es el del raso Leonardo Lauriano, quien denunció públicamente haber sido desvinculado de la institución militar bajo la alegación de una supuesta “falta grave”, la cual califica como injusta, arbitraria y carente de fundamentos legales y disciplinarios.
Según explicó Lauriano, el pasado 20 de enero sufrió un accidente de tránsito en el sector El Cabreto, resultando con una fractura en uno de sus pies, situación que obligó a emitirle licencias médicas durante los meses de enero y febrero. El exmilitar asegura que cumplió con la entrega de toda la documentación médica correspondiente y que, posteriormente, regresó a sus labores entre marzo y abril en Pedernales.
Sin embargo, sostiene que fue objeto de una investigación irregular y superficial por parte de oficiales superiores, quienes alegadamente no profundizaron en los hechos ni respetaron el debido proceso administrativo. Afirma además que fue mantenido en condición de inactividad forzosa dentro del batallón antes de proceder finalmente con su cancelación.
Esta denuncia no solo pone en tela de juicio el manejo interno de algunos procedimientos disciplinarios dentro de las Fuerzas Armadas, sino que también reabre el debate nacional sobre las condiciones humanas, laborales y constitucionales a las que son sometidos muchos militares dominicanos destacados en zonas fronterizas.
La Constitución de la República Dominicana establece el respeto a la dignidad humana, el derecho a la integridad física, al debido proceso y a la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo los miembros de los cuerpos castrenses. Ningún servidor público debe ser objeto de abusos, represalias, arbitrariedades o sanciones sin una investigación transparente, imparcial y ajustada a la ley.
Ante la gravedad de estas denuncias, distintos sectores consideran urgente que las autoridades competentes activen mecanismos constitucionales e institucionales de supervisión e investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
Se hace un llamado:
- Al Ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, para ordenar una investigación profunda, independiente y transparente.
- A la Procuraduría General de la República y a la Defensoría del Pueblo, para garantizar el respeto a los derechos fundamentales y al debido proceso.
- A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacionales de observación, para prestar atención a las denuncias sobre posibles abusos y condiciones inhumanas dentro de recintos militares.
- Al Congreso Nacional, para revisar las condiciones operativas y humanas de los soldados destacados en la frontera dominicana.
La nación dominicana debe mantenerse vigilante. El respeto a la dignidad humana y a la Constitución no puede suspenderse bajo ningún uniforme ni circunstancia. Los miembros de las Fuerzas Armadas son ciudadanos dominicanos y merecen un trato justo, humano y conforme a la ley.
Las autoridades tienen el deber moral, constitucional e institucional de esclarecer este caso y garantizar que ningún militar sea víctima de atropellos, cancelaciones arbitrarias o condiciones degradantes de servicio.
Publicar un comentario