Los bancos dominicanos han encontrado la manera de convertir la necesidad en negocio. Lo que para el usuario debería ser un derecho básico —transferir su propio dinero, mantener una cuenta activa, acceder a pagos digitales modernos— se ha convertido en una serie de costos encubiertos, tarifas regresivas y condiciones abusivas, amparadas en la normativa y toleradas por las autoridades financieras.
Transferencias: la trampa de la doble vía
La dualidad entre ACH (gratis pero lenta) y Pagos al Instante BCRD (LBTR) (rápida pero cara) funciona como un sistema de castigo al usuario. Quien no puede esperar un día hábil completo debe pagar una tarifa fija cercana a RD$100 más el 0.15% de impuesto sobre transferencias.
En la práctica, el esquema subsidia a los grandes montos y castiga las microtransferencias: enviar RD$500 puede costar un 20% en comisiones, mientras que enviar RD$100,000 apenas un 0.11%. La urgencia del pobre se convierte en la renta del banco.
Horarios restrictivos y cortes programados
Lejos de ser un sistema 24/7, los pagos “al instante” tienen ventanas de cierre diario y suspensiones por mantenimientos. El usuario, sin opción real, queda atrapado en la contradicción: si usa ACH, su dinero “duerme” en tránsito; si usa LBTR, paga caro. El banco gana en ambos escenarios: comisiones por rapidez o flotante financiero con el dinero retenido.
El mínimo balance: otra mordida silenciosa
Como si no bastara con tarifas e impuestos, muchos bancos imponen un balance mínimo para mantener cuentas activas. Si el cliente no mantiene ese monto, se le descuentan cargos mensuales que erosionan todavía más el poco capital ahorrado.
De este modo, la banca penaliza la pobreza: al que menos tiene, se le cobra más, tanto en porcentaje por transferir como en sanciones por no cumplir con el “mínimo requerido”. En lugar de promover inclusión financiera, se refuerza la exclusión.
Beneficio bancario disfrazado de modernización
Los bancos se presentan como agentes de modernización financiera, con apps y “servicios digitales”, pero la estructura está diseñada para monetizar cada urgencia y cada descuido del cliente.
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El impuesto de 0.15% se recauda sí o sí.
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La tarifa LBTR cae como un peaje obligatorio.
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El balance mínimo garantiza ingresos extra a costa de cuentas dormidas o de bajo movimiento.
El resultado es claro: el sistema bancario gana siempre; el usuario común pierde siempre.
¿Dónde queda el regulador?
El Banco Central y la Superintendencia de Bancos celebran el crecimiento de las transacciones digitales, pero omiten la discusión sobre equidad tarifaria. El discurso oficial habla de “inclusión”, pero la práctica expulsa a quienes no pueden sostener el mínimo balance o pagar peajes de RD$100 por mover RD$500.
El sistema de pagos y reglas bancarias en República Dominicana consolida la desigualdad: abarata las transferencias millonarias y encarece las de subsistencia; premia al que más tiene y castiga al que menos puede.
Mientras tanto, los bancos capitalizan la urgencia, la necesidad y hasta la pobreza de sus propios clientes, con el aval implícito del regulador.
La inclusión financiera no puede medirse en número de cuentas abiertas o en estadísticas de transacciones, sino en justicia tarifaria. Hoy, esa balanza está claramente inclinada en favor de los bancos.
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