El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó recientemente su “profunda preocupación” ante las deportaciones masivas de ciudadanos haitianos desde la República Dominicana, poniendo especial énfasis en la expulsión de alrededor de 900 mujeres embarazadas o en período de lactancia solo en el último mes. La declaración, transmitida por su portavoz Stéphane Dujarric, señaló que unas 30 mujeres en estado vulnerable son atendidas diariamente en la frontera por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el mismo momento de su repatriación.
Si bien es comprensible que la ONU vele por los derechos humanos y la dignidad de los migrantes, resulta problemático que este organismo internacional emita juicios unilaterales sin considerar el contexto más amplio y las consecuencias que esta situación ha generado para la República Dominicana. La realidad es que el colapso institucional y social de Haití ha tenido repercusiones directas en el sistema de salud, la economía y la seguridad nacional dominicana, con un peso que el Estado dominicano ha cargado por años en casi absoluta soledad.
Una de las expresiones más visibles de esta presión es la saturación de los hospitales públicos dominicanos. Miles de mujeres haitianas cruzan la frontera para dar a luz en territorio dominicano, en muchos casos sin haber contribuido nunca al sistema de salud ni poseer documentación legal. Esto ha provocado que mujeres dominicanas vean mermado su acceso a servicios esenciales de salud, sobre todo en zonas fronterizas donde la capacidad hospitalaria ya es limitada. El Estado dominicano no tiene recursos infinitos, y su deber prioritario es garantizar el bienestar de sus ciudadanos.
La migración irregular no es solo un problema humanitario; también es una cuestión de soberanía. Las autoridades dominicanas enfrentan una situación insostenible que ha sido explotada por sectores haitianos que, lejos de promover soluciones dentro de su propio territorio, han impulsado —de forma deliberada o por omisión— una presión demográfica sobre la República Dominicana. Lo que algunos describen como una "migración económica" o "humanitaria" ha terminado por tomar el carácter de una estrategia silenciosa de ocupación social, que socava la identidad nacional dominicana y altera su equilibrio demográfico.
No se trata de xenofobia ni de rechazo al otro, sino de la legítima defensa del derecho de un país soberano a controlar sus fronteras, proteger su población y gestionar sus recursos de acuerdo a sus capacidades. Exigir a la República Dominicana que absorba los costos del colapso haitiano, sin respaldo financiero ni logístico de la comunidad internacional, es no solo injusto, sino profundamente irresponsable.
La República Dominicana ha mostrado una paciencia y una solidaridad admirables durante décadas. Pero ha llegado el momento de que las instituciones internacionales, incluida la ONU, dejen de mirar solo los efectos de la crisis y comiencen a actuar sobre sus causas: la miseria crónica, la corrupción, el desgobierno y la violencia sistémica que reinan en Haití. Las críticas deben ir dirigidas a los actores que han permitido que ese Estado colapse, no a quienes luchan por evitar que el suyo también lo haga.
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