Washington D.C., 29 de junio de 2025 — En un fallo que podría reconfigurar el alcance de uno de los principios constitucionales más arraigados de Estados Unidos, la Corte Suprema dictaminó el 27 de junio que los jueces federales no podrán emitir medidas cautelares de aplicación nacional para bloquear órdenes ejecutivas. Esta decisión afecta directamente a la orden presidencial que intenta restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento a hijos de personas extranjeras en situación migratoria irregular o con visas temporales.
Durante más de 150 años, la ciudadanía por nacimiento, garantizada por la 14ª Enmienda desde 1868, se ha considerado un pilar del derecho constitucional estadounidense. El histórico caso United States v. Wong Kim Ark (1898) confirmó que toda persona nacida en suelo estadounidense —con contadas excepciones, como hijos de diplomáticos— es ciudadana por nacimiento. Ahora, sin que la Corte entre a modificar directamente esa interpretación, el terreno legal que la protege enfrenta su mayor incertidumbre en más de un siglo.
Una decisión de procedimiento con consecuencias sustanciales
La Corte no se pronunció sobre la legalidad de la orden ejecutiva en sí, sino sobre el alcance de las medidas cautelares que los tribunales inferiores pueden aplicar durante el proceso judicial. La nueva regla, redactada por la jueza Amy Coney Barrett en la opinión mayoritaria, limita la protección judicial a las personas o estados que participen directamente en las demandas, excluyendo a aquellos que no hayan iniciado acciones legales concretas.
Como consecuencia, la orden ejecutiva —firmada en enero de este año— podría entrar en vigor en los 28 estados que no han presentado demandas, mientras que en los 22 estados restantes y el Distrito de Columbia, donde las impugnaciones siguen activas, las protecciones se mantienen temporalmente. El fallo de la Corte otorga 30 días para que los tribunales inferiores ajusten sus medidas en conformidad con esta nueva directriz.
Fragmentación legal e incertidumbre social
El nuevo escenario ha generado un panorama legal fragmentado. En algunas jurisdicciones, los neonatos de madres en situación migratoria irregular podrían perder el derecho automático a la ciudadanía, mientras que en otras, la protección sigue vigente.
Esta situación plantea serios desafíos para las familias migrantes y los sistemas de salud. Hospitales y oficinas de registro civil no han recibido lineamientos claros sobre cómo proceder, ni sobre qué documentación será necesaria para determinar la nacionalidad al momento del nacimiento. Organizaciones de derechos civiles denuncian un posible caos administrativo y discriminación de facto, dado que el proceso podría variar ampliamente de un estado a otro.
Respuesta institucional y próximos pasos
Abogados, fiscales estatales y defensores de migrantes ya están presentando nuevas demandas colectivas con el objetivo de extender la protección judicial a más personas. Tribunales como los de Maryland, Massachusetts y New Hampshire están evaluando sus sentencias existentes a la luz del nuevo fallo.
No obstante, expertos en derecho constitucional advierten que la Corte Suprema podría verse forzada en los próximos meses a pronunciarse directamente sobre el fondo del tema: ¿puede el Poder Ejecutivo redefinir el alcance de la ciudadanía por nacimiento sin reformar la Constitución?
Una advertencia implícita sobre los juicios morales
Mientras la legalidad del acceso a la ciudadanía se debate en los tribunales, también crece el ruido en el discurso público. En este contexto, surge una reflexión vigente: antes de cuestionar las decisiones de vida de los demás —ya sea su origen, condición migratoria o forma de vivir— conviene mirar primero el propio entorno. Porque, como ha demostrado la historia, la vida tiene un modo irónico de invertir los papeles.
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