El Senado aprueba en segunda lectura el nuevo Código Penal de la República Dominicana



Santo Domingo, 1 de agosto de 2025 — El Senado de la República Dominicana aprobó este jueves en segunda lectura el proyecto de ley que establece el nuevo Código Penal del país, marcando un hito legislativo tras años de intensos debates, revisiones y controversias en ambas cámaras del Congreso Nacional.

Con esta votación, la propuesta legislativa queda formalmente convertida en ley y será enviada al Poder Ejecutivo, donde el presidente Luis Abinader tendrá la responsabilidad de promulgarla o, en su defecto, devolverla con observaciones. Se espera que la decisión presidencial tenga un impacto significativo en la agenda política y social del país.


Una reforma largamente esperada

El nuevo Código Penal representa una profunda reforma al marco jurídico penal dominicano, que no había sido actualizado de manera integral desde el siglo XIX. La iniciativa contempla una amplia gama de cambios sustantivos que buscan modernizar la respuesta del sistema judicial frente a los desafíos del crimen en el siglo XXI.

Entre las principales novedades se encuentran:

  • Tipificación de crímenes de alta tecnología, como el ciberacoso, el fraude electrónico y la manipulación de datos informáticos.
  • Mayor severidad en el combate a la criminalidad organizada, incluyendo sanciones específicas para el lavado de activos, el tráfico ilícito de personas y el narcotráfico.
  • Nuevas figuras delictivas, como el feminicidio, los crímenes de odio y los delitos ambientales, que no estaban contemplados en el código anterior.


Temas controversiales: aborto, corrupción y derechos humanos

A pesar de sus avances, la aprobación del nuevo Código Penal no ha estado exenta de polémica. Los artículos relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo han sido el punto más divisivo del proyecto. El texto aprobado mantiene la penalización del aborto en casi todos los casos, con excepción de situaciones donde la vida de la madre corre peligro, una postura que ha sido fuertemente criticada por grupos feministas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Otro tema que ha generado debate es la exclusión de un régimen más riguroso para sancionar la corrupción administrativa. Algunos sectores han señalado que el código carece de mecanismos más eficaces para combatir la impunidad, mientras que otros consideran que la legislación vigente en materia de corrupción ya es suficiente si se aplica correctamente.

Asimismo, aunque se reconocen los crímenes motivados por odio, especialmente aquellos relacionados con la orientación sexual, género o raza, organizaciones de derechos civiles han advertido que las disposiciones son limitadas y podrían no brindar suficiente protección a las comunidades vulnerables.


Reacciones divididas

La sociedad civil, los partidos políticos y las organizaciones internacionales han reaccionado de forma mixta. Mientras sectores conservadores celebran la aprobación del código como un avance en materia de seguridad y justicia, activistas pro derechos humanos insisten en que la legislación representa un retroceso en libertades fundamentales.

"Es un paso importante para el fortalecimiento del sistema de justicia penal, pero no podemos ignorar que hay vacíos que seguirán afectando a los más vulnerables", expresó la jurista y activista Laura Acosta.


¿Qué sigue?

Ahora la atención se centra en el Palacio Nacional, donde el presidente Abinader deberá tomar una decisión que podría definir su legado en materia de justicia y derechos humanos. Aunque no ha expresado una postura definitiva sobre el nuevo Código Penal, el mandatario ha reiterado en ocasiones anteriores la importancia de una reforma penal moderna, justa y equilibrada.

De ser promulgado, el nuevo código entraría en vigencia en un plazo estipulado para permitir su implementación progresiva, incluyendo la capacitación de jueces, fiscales y abogados en los nuevos procedimientos y tipos penales.

Sin lugar a dudas, la aprobación de este código marca un antes y un después en la historia legislativa de la República Dominicana, aunque su aplicación y los efectos reales sobre la sociedad dominicana aún están por verse.

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