Tribunal Constitucional condena a la Policía Nacional Dominicana a pagar más de seis millones de pesos por desacato

La viuda de un oficial retirado recibirá la indemnización tras años de espera y fallos judiciales a su favor.

Santo Domingo. – El Tribunal Constitucional (TC) ordenó a la Dirección General de la Policía Nacional pagar 6,241,383.04 pesos a Dulce María Lora Solís, viuda del general retirado José Antonio Feliciano Castillo, por concepto de pensión retroactiva y sanción por desacato a una sentencia anterior.

El fallo, contenido en la sentencia TC/0364/25, publicada el 11 de junio de 2025, establece que la Policía incumplió una decisión emitida en 2022 que la obligaba a reconocer la pensión de Feliciano Castillo conforme al rango de general de brigada, y no como coronel, como se había hecho originalmente.

Un largo proceso judicial

José Antonio Feliciano Castillo fue ascendido a general al momento de su retiro en 2007, pero la institución se negó a pagarle la pensión correspondiente a ese rango. El oficial llevó su reclamo ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), que rechazó su demanda en 2019.

Luego de esa negativa, el caso fue elevado al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el oficial falleció en 2020, sin ver una decisión favorable. Fue en 2022 cuando la Alta Corte falló a su favor, ordenando a la Policía Nacional pagar 2,631,383.04 pesos por los años de pensión dejados de percibir.

Sanción por desacato

Al no ejecutarse la sentencia en el tiempo establecido, el TC impuso un astreinte (multa coercitiva) de 5,000 pesos diarios por cada día de incumplimiento. Tras 722 días de desacato, esa suma alcanzó los 3,610,000 pesos, los cuales también deben ser entregados a Dulce María Lora Solís, quien heredó los derechos legales de su esposo.

Cierre del caso

Con esta última decisión, el Tribunal Constitucional busca cerrar un proceso que ha tomado más de una década y garantizar que se respeten los derechos adquiridos por el oficial retirado y su familia.

La sentencia reafirma el compromiso del órgano constitucional con el cumplimiento de sus decisiones y la protección de los derechos fundamentales, incluso después de la muerte de los titulares originales.